En una sesión ordinaria del Congreso del Estado de Baja California, la Vigésima Quinta Legislatura aprobó con 17 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas. La iniciativa busca garantizar que el sector público mantenga el control exclusivo de las áreas estratégicas, como la planificación y control del sistema eléctrico nacional, la transmisión y distribución de energía eléctrica, así como la exploración y extracción de petróleo y otros hidrocarburos.

La reforma establece que el dominio de la nación sobre estos recursos es inalienable e imprescriptible, limitando la participación de particulares o sociedades, quienes solo podrán intervenir mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, excepto en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, que estarán regulados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Además, se reafirma que no se otorgarán concesiones en áreas como minerales radioactivos y litio, reservando su explotación exclusivamente a la nación. Asimismo, la legislación determina que las actividades de la industria eléctrica no concedidas a privados serán reguladas, priorizando siempre la responsabilidad social y la continuidad del servicio público de electricidad.

El debate sobre la reforma mostró posiciones divididas entre los legisladores. El diputado Diego Arregui, en apoyo a la iniciativa, argumentó que esta reforma fortalece la soberanía energética del país, destacando la importancia de mantener el control estatal sobre sectores clave como el petróleo y la electricidad. "Esta reforma representa una lucha por la soberanía energética de nuestra nación", afirmó Arregui.

Por otro lado, la diputada Yolanda Gaona se manifestó en contra de la reforma, advirtiendo que esta implicaba un retroceso en el sector energético. Según Gaona, la propuesta pretende cubrir el déficit financiero de empresas como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa del presupuesto nacional. "Se está comprometiendo el futuro del país al inyectar dinero público en empresas que deberían ser autosuficientes", declaró.

Daylín García Ruvalcaba, también en oposición, criticó duramente la reforma, señalando que promueve la creación de monopolios estatales y limita la inversión en infraestructura eléctrica, afectando la competencia y el derecho a un medio ambiente sano. “Esta reforma abre la puerta al desmantelamiento de los mercados energéticos y al monopolio estatal, lo que tendrá consecuencias graves para el desarrollo del país”, advirtió García.

El diputado Jaime Cantón respondió a las críticas, particularmente las de García Ruvalcaba, mencionando el avance en proyectos energéticos, como el Plan Sonora, que contempla la construcción de la planta solar más grande de Latinoamérica, beneficiando a 1.6 millones de mexicanos. "Es importante que estemos informados sobre lo que realmente sucede en el país antes de hacer críticas basadas en fuentes extranjeras", expresó Cantón, defendiendo los esfuerzos del gobierno en la producción de energías limpias.

La aprobación de esta reforma abre un nuevo capítulo en la política energética del país, enfocada en garantizar el control estatal de los recursos estratégicos y en asegurar el suministro de electricidad a precios accesibles para la población. Sin embargo, las críticas en torno a la falta de competitividad y el riesgo de monopolios estatales continúan generando debate entre los sectores políticos y sociales.